Tan sólo un 1% de las Administraciones Públicas españolas utiliza herramientas de licitación pública electrónica para ahorrar costes y asegurar la transparencia en los procesos de adjudicación, según los datos que maneja el Grupo VORTAL, consultora especializada en el desarrollo e implantación de plataformas de contratación pública electrónica.
VORTAL constata que de las 12.000 entidades y empresas que integran actualmente el sector público, prácticamente el 99% siguen ancladas en los sistemas tradicionales de contratación, lo que equivale a decir que apenas 200 entidades hacen uso de las nuevas plataformas de licitación para llevar adelante los procedimientos con rapidez, seguridad, transparencia y ahorro.
Así, la Administración española se sitúa lejos de los objetivos que la Unión Europea fijó en 2005 en la Declaración de Manchester, en la que los ministros de Economía de los diferentes estados miembro se comprometieron a que al menos el 50% de las Administraciones utilizaran plataformas electrónicas de contratación pública en 2010.
VORTAL estima que tan sólo sustituyendo el tradicional sistema de licitación en papel, las Administraciones Públicas españolas podrían reducir en su conjunto casi un 4% el gasto en contratación de bienes, servicios y obras, lo que supone un ahorro de cerca de 1.500 millones de euros anuales.
Además, si las Administraciones compartieran las mismas aplicaciones informáticas instaladas en la ‘nube’ (sistema de acceso remoto a comunidades de recursos compartidos) se podrían ahorrar otros 1.000 millones de euros adicionales.
De acuerdo a un estudio realizado por la multinacional entre 3.000 Administraciones europeas, el 92% reconoce que los sistemas de licitación pública electrónica mejoran significativamente la transparencia en la contratación pública y un 62% que se reduce el tiempo de gestión de los procedimientos. De hecho, el plazo medio habitual para la publicación de un procedimiento supera las tres horas frente a los 10 ó 12 minutos de promedio con una plataforma electrónica.
Por Detrás De Nuestros Vecinos
Las Administraciones españolas se sitúan a la cola de Europa en el empleo de estas plataformas de contratación pública, muy por detrás de países como Portugal donde sus entidades están obligadas por ley desde hace años a utilizar estos sistemas en sus procedimientos. España tiene todavía pendiente transponer las directivas europeas 2004/17/CE y 2004/18/CE que instan a los estados miembro a desarrollar la Administración electrónica.
En este sentido, el último paso que ha dado el Gobierno español, coincidiendo con su presidencia de turno del primer semestre, se plasmó en la «Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea» del pasado mes de abril, en la que los ministros de la UE reconocieron las ventajas de la administración electrónica en términos de eficiencia, rapidez y costes, instando a los países miembro a impulsar los servicios públicos digitales, entre los que se incluyen las compras y licitaciones públicas electrónicas.
