La introducción gradual de las TIC en el sector público se asienta en el diseño de una Administración electrónica que transforme radicalmente el funcionamiento de la Administración pública y sus prestaciones, así como la relación con otros actores de la sociedad civil. Asistiremos en los próximos años, como así lo venimos haciendo, a un paulatino, aunque constante, apagón analógico en la Administración Pública. La implantación de la licitación pública electrónica es uno de los puntos principales de esta agenda que marca la ruta hacia el apagón.

El próximo 9 de diciembre la Unión Europea, si todo sigue su curso, aprobará las nuevas Directivas sobre contratación pública que imponen la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en la contratación pública. Europa, desde hace años, está volcada en la mejora de los procesos de compra pública de los estados miembros, y ha manifestado en innumerables ocasiones, con ejemplos concretos, las ventajas asociadas a la utilización de medios electrónicos en la contratación pública: ahorro, transparencia, eficiencia y aumento de la concurrencia.

Conociendo sus beneficios, ¿por qué debemos esperar hasta la entrada en vigor de la obligatoriedad? Nuestra actual legislación ya habilita a las entidades públicas para obligar a los licitadores a presentar sus ofertas en formato electrónico, suprimiendo así el papel de todo el proceso. La necesidad de reducir el gasto público, la demanda social de transparencia, y la excesiva burocratización y por tanto ineficiencia, de la contratación pública actual, son el caldo de cultivo perfecto para impulsar este cambio. Cualquier mejora en el proceso de una partida que representa aproximadamente el 20% del PIB nacional tendrá un alto impacto en las cuentas públicas. Según la Comisión de Contratación Electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), que tengo el honor de presidir, si aplicamos el criterio establecido por la UE, el uso de los medios electrónicos en los procesos de contratación pública reduce sus costes entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Tomando el extremo inferior de la horquilla anterior (5%), el Informe concluye que el ahorro anual que las Administraciones Públicas obtendrían rondaría los 8.000 M€.

Desde mi posición actual me complace ver como algunas entidades públicas españolas ya se han decidido a dar el paso. Ejemplos como el del Ayuntamiento de Gijón, la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Sant Cugat nos invitan al optimismo. Sin realizar grandes inversiones, y optando por soluciones tecnológicas ya existentes en el mercado bajo la modalidad de servicio, han puesto en marcha sus proyectos de licitación electrónica de manera exitosa en un tiempo record y con inversiones más que razonables. No nos confundamos, este no es un proyecto tecnológico; la tecnología ya existe y está lista para usarse. Lo que nos ha demostrado la experiencia es que el mayor obstáculo para el éxito reside en la dificultad de estimular a las entidades adjudicadoras, a las comunidades de proveedores y a los propios empleados públicos. La difusión, la formación y el soporte son las claves del éxito.

La PYME, la gran vencedora

La coyuntura económica, unida al recrudecimiento de la competencia y la necesidad de abrir nuevas vías de negocio, ha hecho que cada vez sean más las pequeñas y medianas empresas que optan por dar el salto al sector público e intenten probar suerte en alguno de los miles de concursos que la Administración licita anualmente en nuestro país.

La habilitación de medios telemáticos contribuirá a salvar las barreras físicas y ampliar el campo de actuación de las empresas -independientemente de su tamaño-, facilitando los trámites con la Administración y acelerando los procesos. Se ha demostrado que la contratación electrónica produce un efecto positivo en materia económica, ayudando a reducir costes y aumentando la competitividad en todas las fases y actores de los procesos de compra pública.

Seamos optimistas. El sector público ha demostrado que tiene la capacidad para dar este salto. De hecho se ha innovado muchísimo en los últimos años en atención al ciudadano a través de Internet. Continuando con esta tendencia positiva el siguiente paso es trasladar esta innovación a las relaciones entre Administraciones Públicas y empresas licitadores, para que todos puedan disfrutar de los beneficios de los que ya gozamos los ciudadanos.

Artículo Escrito Por José Luis Arístegui, Director Para El Sector Público En VORTAL España Y Presidente De La Comisión De Contratación Electrónica De La Asociación Nacional De Empresas De Internet (ANEI), Y Publicado En La Revista De Compras De AERCE.